La aprobación del Real Decreto-Ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud constituyó un paso importante hacia la construcción de una sanidad más justa que hiciera efectivo el principio de universalidad reconocido en la Ley 16/2003, de 28 de mayo de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud (artículo 2). Así, tras la grave regresión de derechos que supuso la exclusión sanitaria impuesta por el Real Decreto-Ley 16/2012, la nueva norma aspiraba a garantizar el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria, en las mismas condiciones, a todas las personas que se encuentren en el Estado Español, reconociendo que la universalidad de la atención no solo redunda en la mejora de la salud individual, sino también en la salud colectiva de toda la población.
Sin embargo, estas buenas intenciones recogidas en la Exposición de Motivos del RDL 7/2018 no se vieron debidamente reflejadas en el articulado de la norma. El texto actual cuenta con importantes carencias que van desde imprecisiones en el lenguaje (ej. la errónea referencia a la situación de estancia temporal) a lagunas técnicas (ej. la indeterminación en relación a la protección de situaciones de vulnerabilidad como embarazadas o menores), e incluso la omisión de graves situaciones de exclusión (ej. las personas ascendientes reagrupadas). Durante las reuniones que mantuvimos con el Ministerio en el verano de 2018, las organizaciones firmantes tuvimos la oportunidad de alertar sobre estas carencias y expresar nuestra preocupación por las situaciones de exclusión que ya anticipamos se producirían. Precisamente estas deficiencias del RDL, unidas a la ausencia de un Reglamento que clarifique y garantice tanto el reconocimiento y control del derecho a la protección de la salud como la aplicación de criterios similares en todo el territorio, han amparado interpretaciones restrictivas desde diversas comunidades autónomas.
Como consecuencia de esta situación, desde la entrada en vigor del RDL 7/2018 las organizaciones de REDER hemos documentado más de 3300 casos de personas vulnerables que han tenido enormes dificultades para acceder a la atención sanitaria o que directamente no han podido recibir la misma. Entre los problemas de salud que no han podido ser debidamente atendidos contabilizamos enfermedades tan graves como cáncer (39 casos documentados), enfermedades cardiovasculares (38 casos), diabetes (53 casos), hipertensión (38 casos), enfermedades respiratorias (19 casos), enfermedades graves de salud mental (38 casos) o VIH (34 casos). Estas cifras no representan en ningún caso un reflejo exhaustivo de la dimensión de la exclusión sanitaria en nuestro país, sino una mera constatación de esta dramática realidad. Por desgracia nos tememos que son muchas más las personas que aún permanecen fuera del sistema y a las que por desconocimiento o falta de redes, ni siquiera nuestras organizaciones consiguen llegar.
Es preciso además señalar cómo la actual situación de crisis sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19 y las consiguientes derivadas para el funcionamiento del sistema sanitario (cierre o limitación de acceso a los centros de salud, atención telefónica, desinformación, etc.) han contribuido a acrecentar más si cabe la vulnerabilidad de aquellas personas que ya de por si sufrían importantes barreras (administrativas, idiomáticas, etc.) a la hora de acceder a la atención sanitaria.
De este modo, el RDL 7/2018 no ha sido capaz de revertir plenamente la exclusión sanitaria de su predecesor, y así ha sido señalado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas que en fecha tan reciente como el 15 de junio de 2020 ha recordado al Gobierno español que los progresos en esta materia son insuficientes.1 No debemos olvidar que el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental recogido en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales constituye una obligación vinculante para el Estado español. Esta obligación se extiende de forma particular a los colectivos más vulnerables, en aplicación de los principios de equidad y no discriminación, tal y como se recoge en la Observación General número 14 del Comité DESC.
En este contexto, se hace imprescindible una reforma legislativa concisa y sin ambigüedades, que proteja el derecho a la salud y garantice la igualdad en el acceso a todas las personas, sin distinción alguna tal y como varios mecanismos de Naciones Unidas han exigido recientemente.2 Una reforma legislativa que resuelva definitivamente las diferentes vías de exclusión, entre las que se encuentran la definición de la titularidad de los derechos o la exigencia de un tiempo mínimo de estancia. Una reforma legislativa que cumpla con el compromiso adquirido por el Gobierno de garantizar el derecho de las personas reagrupadas a tener asistencia sanitaria, expresado tanto en su pacto para un gobierno de coalición progresista3 como en el Dictamen de la Comisión para la reconstrucción social y económica4.
El anuncio por parte del Ministerio de la apertura de un proceso de consulta previo a la elaboración de un Anteproyecto de Ley de medidas para la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud, constituye por tanto una muy buena noticia. Las organizaciones firmantes consideramos que esta es una oportunidad perfecta para superar definitivamente la exclusión sanitaria del RDL 16/2012, para construir un SNS integrador y solidario que no deje a nadie atrás.
Para ello, desde el espíritu de colaboración que siempre ha informado nuestra relación con el presente Ministerio, y en base a nuestra experiencia de trabajo con los principales colectivos afectados por la exclusión sanitaria, les trasladamos a continuación nuestras principales recomendaciones.