Solo Castilla-La Mancha ha aplicado literalmente y sin excepciones la reforma sanitaria aprobada en abril de 2012 que dejaba sin tarjeta sanitaria –y por tanto sin acceso al sistema público de salud– a los inmigrantes en situación irregular.
Las demás comunidades han adoptado a lo largo de estos dos años diferentes fórmulas para dar mayor o menor cobertura a este colectivo mediante regulaciones autonómicas dispares. Esto ha dado lugar a “importantes desigualdades” y la “quiebra de la universalidad del derecho humano a la salud”, denuncia Médicos del Mundo en un estudio legislativo publicado este lunes, coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la Salud y el segundo aniversario de la aprobación de la ley. “Lo grave es que hay cientos de miles de personas abandonadas a su suerte”, zanja Eva Aguilera, portavoz de la organización.