Carlos tenía 66 años cuando falleció sin que su hija Natalia consiguiera que la Administración le concediera el acceso normalizado a la atención sanitaria que requería. Enfermo de diabetes y alzheimer, llegó a España en 2009 donde viven todos sus hijos. Residente en Galicia con su hija y su yerno, tenía tarjeta sanitaria y recibía asistencia normalizada. Sin embargo, cuando la familia se trasladó de comunidad autónoma, por motivos de trabajo, Carlos quedó sin atención sanitaria. En la oficina del INSS le negaron la tarjeta sanitaria como beneficiario de su hija y le exigían contar con un seguro privado.
En abril de 2014, sufre un cuadro de deterioro generalizado y acude a urgencias donde recomiendan su ingreso. No obstante el seguro se niega a hacerse cargo del coste de dicho ingreso ni de la medicación recetada y por tanto debe solicitar el alta voluntaria al no poder costeárselo la familia. Como consecuencia su situación se agrava a lo largo de las siguientes semanas requiriendo nuevos ingresos en urgencias. No obstante en ningún momento recibe el adecuado tratamiento y seguimiento a su enfermedad y termina falleciendo.