La sanidad es hoy más universal que nunca. Todas las personas que están en España tienen acceso a la atención sanitaria.
Ministra de Sanidad, Dolors Montserrat
Este fue el mensaje colgado en Twitter el pasado 13 de junio por la actual Ministra de Sanidad Dolors Montserrat. No es una novedad. Este es el mantra repetido hasta la saciedad por Gobierno y Partido Popular desde aquél infausto 20 de abril de hace cinco años en que el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-Ley 16/2012. En todo este tiempo el Ejecutivo ha rehuido su obligación de demostrar fehacientemente la necesidad de esta medida, que expulsaba del sistema sanitario a miles de personas, pero no ha escatimado esfuerzos a la hora de desplegar toda una serie de mensajes falaces que buscaban justificar lo injustificable. Poco han importado las denuncias por parte de organizaciones sociales, instituciones internacionales de derechos humanos y profesionales del ámbito sanitario de la injusticia que se estaba perpetrando. Poco importa que en 2017 se sigan produciendo casos graves de denegación de asistencia sanitaria que ponen en riesgo la salud y la vida de muchas personas.
Por ello, desde REDER hemos decidido dedicar nuestro nuevo informe a desmontar estos mensajes haciendo uso de los datos que la red ha registrado desde enero de 2014. Más de 3300 casos de vulneración del derecho a la salud documentados en dicho periodo son una simple muestra – pues cabe esperar que el número de personas que padecen la exclusión sea mucho mayor si tenemos en cuenta las cerca de 900.000 tarjetas sanitarias que el Gobierno aseguró haber retirado con la entrada en vigor del RDL – pero suficiente para cuestionar la alardeada universalidad del sistema. Asimismo la constatación de que las propias excepciones previstas en el RDL – mujeres embarazadas, menores de edad y atención en urgencias – se vulneran repetidamente debería llevar al Ministerio a tomar medidas en lugar de asegurar que “en España nadie se queda sin asistencia sanitaria”.
Más flagrante incluso resulta la constante equiparación entre inmigración irregular y turismo sanitario para vincular la primera con el supuesto abuso del sistema sanitario que pone en riesgo la sostenibilidad del mismo. El hecho de que se trate de dos perfiles radicalmente distintos y de que sean múltiples los informes que indican que únicamente una ínfima parte de las personas que migran lo hacen por motivos de salud no parece haber sido impedimento para que desde el Gobierno se continúe insistiendo en un mensaje con claros tintes xenófobos.
Más allá de estas falacias también parece haberse instalado una percepción generalizada de que con la aprobación por parte de las comunidades autónomas de normativas que otorgan acceso a las personas en situación irregular la exclusión sanitaria ha pasado a la historia o cuanto menos ha quedado reducida a un problema marginal. Si bien es cierto que dichas normativas han contribuido a mitigar los efectos más dañinos del RDL, también es cierto que no han conseguido desterrar la exclusión sanitaria. Bien sea por las deficiencias en la forma o en la implementación de estas medidas o por las propias limitaciones competenciales de las CCAA, la realidad es que siguen siendo muchas las personas que viven en nuestro país que no pueden acceder de forma normalizada a la atención sanitaria que necesitan.
Por todo ello, y porque aspiramos a que las palabras de la Ministra se conviertan en una realidad, desde REDER exigimos que de forma urgente e inaplazable se tomen las medidas necesarias para garantizar un Sistema Nacional de Salud verdaderamente universal en el que todas las personas tengan derecho a la asistencia sanitaria en igualdad de condiciones, independientemente de su situación administrativa.