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Pablo Iglesias Rionda

Pablo Iglesias Rionda

Es la hora de la sanidad universal

La nueva ministra Montón tiene por delante la oportunidad de revertir los devastadores efectos del Real Decreto-Ley 16/2012 

El compromiso con la necesidad de garantizar una sanidad pública y universal, que hasta ahora ha mostrado la nueva ministra de sanidad, Carmen Montón, en su papel como consejera en la Comunidad Valenciana, se añade a las declaraciones realizadas por Pedro Sánchez la semana pasada en el Congreso, en las que afirmaba su intención de “retornar a la sanidad universal y devolver el acceso a la atención sanitaria a todas las personas que viven en nuestro país que fueron excluidas de ella".

En ese sentido, las organizaciones en defensa del derecho a la salud abajo firmantes, quieren instar a la nueva ministra a adoptar sin mayor dilación las medidas legislativas necesarias que devuelvan el derecho a la asistencia sanitaria a todas las personas que viven en España independientemente de su situación administrativa. Asimismo, las organizaciones exigen al nuevo Gobierno que aproveche el resto de legislatura para recapitalizar el SNS garantizando una asignación presupuestaria que fortalezca su carácter público, su calidad y eficiencia.

Las organizaciones firmantes dan la bienvenida a este cambio de enfoque del Ejecutivo que recoge el contenido del Pacto Político y Social por un Sistema Nacional de Salud Público y Universal promovido por más de 70 organizaciones sociales, profesionales y sindicales y firmado el pasado mes de septiembre por todos los partidos de la Cámara Baja a excepción de PP, Ciudadanos, UPN y Foro Asturias.

Seis años de devastadores efectos del RDL 16/2012

Han transcurrido seis años desde la imposición de la exclusión sanitaria por medio del Real Decreto-Ley 16/2012 que expulsaba del sistema a cientos de miles de personas. Desde entonces la urgencia de revertir esta situación no ha hecho sino aumentar. A las múltiples y persistentes vulneraciones del derecho a la salud consecuencia del RDL (documentadas en los informes de la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 – REDER) se suma la situación creada por las últimas sentencias del Tribunal Constitucional que niega la competencia de las Comunidades Autónomas para otorgar acceso al SNS a las personas excluidas por el RDL, contraviniendo así la obligación de todos los poderes públicos de velar por el cumplimiento de los derechos humanos.

La exclusión sanitaria es una medida discriminatoria que se ensaña con las personas más vulnerables y constituye por ello un incumplimiento de las obligaciones internacionales de España en materia de derechos humanos, tal y como ha concluido recientemente el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas que se suma a una larga lista de mecanismos internacionales que han exigido a España la reforma del RDL.

Además, según han denunciado las distintas organizaciones, la adopción del RDL no se sostiene tampoco desde una perspectiva de eficiencia del sistema, pues según demuestran diversos estudios, el uso que las personas migrantes hacen del sistema sanitario es sensiblemente inferior al de las nacionales. Igualmente, un sistema basado en la prevención a través de una atención primaria universal es menos costoso para las arcas públicas que aquel que limita la atención a las urgencias y acaba derivando en hospitalizaciones que podían haber sido prevenidas.

Por último, no se puede obviar que el RDL forma parte del marco de las políticas de austeridad que han supuesto un importante debilitamiento del sistema público de salud. Así, la importante caída del presupuesto público de sanidad, las reducciones de plantilla o la ampliación del sistema de copagos han minado sensiblemente la calidad de nuestro SNS y su papel fundamental como pilar del Estado Social. Así se desprende de los informes de las Organizaciones Sindicales, CCOO y UGT, como en los recientes de Amnistía Internacional y la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública.

Un nuevo contexto

Tras las últimas elecciones generales de 2016, el Congreso quedó configurado por una mayoría de partidos políticos que recogían en sus respectivos programas la promesa de poner fin a la exclusión sanitaria de las personas migrantes en situación irregular. No obstante, la continuidad del Ejecutivo del Partido Popular puso freno a esta aspiración mayoritaria. Así, la prerrogativa de veto a iniciativas parlamentarias que la Constitución atribuye al Gobierno en su artículo 134.6 fue usado por este para impedir cualquier intento de modificar la reforma sanitaria de 2012. A pesar de ello, todos estos partidos reafirmaron su compromiso con la universalidad el pasado mes de septiembre. Ahora, estos mismos partidos han respaldado la investidura de Pedro Sánchez abriendo la puerta a un nuevo contexto político. Las organizaciones firmantes confían en que tanto el nuevo Gobierno como los grupos parlamentarios de aquellos partidos que suscribieron el Pacto Político y Social colaboren para devolver la dignidad a nuestro sistema sanitario. Es la hora de la sanidad universal.

ORGANIZACIONES FIRMANTES:

Adhara-Sevilla

Amnistía Internacional

ANESVAD

Apoyo Positivo

ARI-PERU

Asociación Camino de Fe y Esperanza

Asociación "El Pueblo que queremos"

Asociación de Enfermería Comunitaria

Asociación de Usuarios de la Sanidad de la Región de Murcia

Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía

Asociación Sociocultural Entre Mares

Associació Salut i Família

CALCSICOVA

Centro Internacional de Servicios para Inmigrantes (CIS)

Comisiones Obreras (CCOO)

Comité 1r de desembre

Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos

Coordinadora Estatal de VIH y sida (CESIDA)

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP)

Federación estatal de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales (FELGTB)

Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE)

Foro Galego de Inmigración

Fundación BACHUE

Grupo de Educadores de Calle y Trabajo con Menores (GREC)

Médicos del Mundo

Medicusmundi

Observatorio del Derecho Universal a la Salud de la Comunitat Valenciana (ODUSALUD)

Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya (PASUCAT)

Plataforma Ciudadanía contra la exclusión sanitaria

Red Acoge

Red de Denuncia y Resistencia contra el RDL 16/2012 (REDER)

Red Transnacional de Mujeres

Salud por Derecho

Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC)

Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG)

Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS)

Trabajando en Positivo

Unión General de Trabajadores (UGT)

Unión Sindical Obrera (USO)

La mortalidad entre sin papeles sube un 15% desde la reforma sanitaria

La mortalidad entre la población sin papeles aumentó una media de un 15% entre 2012 y 2015, los tres años posteriores a la aplicación de la ley sobre la reforma sanitaria implementada en España en septiembre de 2012 a través del Real Decreto 16/2012, que deja sin cobertura a personas en situación administrativa irregular. Así lo afirma una reciente investigación, la primera de este tipo, del Instituto de Economía de Barcelona y la Universidad Pompeu Fabra. Se titula The deadly effects of losing health insurance (Los efectos letales de perder la cobertura sanitaria) y ha sido presentada el 13 de abril en la Escuela Nacional de Sanidad de Madrid.

Puedes leer el artículo completo aquí

La Comisión Europea Contra el Racismo y la Intolerancia reprende al Gobierno español por la exclusión sanitaria

En marzo de 2017, una delegación de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia visitó España reuniéndose con diversos representantes gubernamentales y de la Sociedad Civil para determinar el grado de cumplimiento del Estado Español con los Derechos Humanos de las minorías.

Ahora, casi un año después la Comisión ha publicado sus conclusiones y recomendaciones. En ellas condena al Gobierno español por la regresión de derechos que supuso el Real Decreto-Ley 16/2012 al eliminar el derecho a la tarjeta sanitaria de las personas en situación administrativa irregular. Asimismo, recomienda al Gobierno la elaboración de un informe de impacto que dichas medidas han tenido sobre la población excluida - una petición largamente demandada por la sociedad civil - y le exige la pronta adopción de medidas que garanticen el derecho a la salud de todas las personas migrantes.

Puedes leer el informe completo aquí

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