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Cuatro meses después del nuevo decreto sobre sanidad universal, representantes de las comunidades autónomas y del Gobierno central deben abordar sus fallos y ambigüedades

  • REDER, Amnistía Internacional y Yo Sí Sanidad Universal, solicitan la adopción de un reglamento que aclare la norma para blindar el derecho a la salud, que sigue en riesgo
  • Lamentan que cuatro meses después del nuevo Decreto Ley que pretendía recuperar la universalidad en el acceso a la salud todavía no se ha alcanzado ese objetivo

Madrid, 14 de noviembre.- Representantes de las comunidades autónomas (CCAA) y de la Administración central se reúnen este jueves en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, un órgano que tiene por objetivo coordinar los diferentes servicios sanitarios del Estado. REDER, Amnistía Internacional y Yo sí sanidad universal, junto a las organizaciones integradas en REDER, han recordado a las autoridades que, aunque el Real Decreto Ley 7/2018 (RDL) fue un paso en la dirección adecuada para recuperar la universalidad en el acceso a la salud, se deben abordar en este encuentro sus fallos y ambigüedades para lograr el objetivo pretendido. Para ello, solicitan la adopción urgente de un reglamento que clarifique en detalle la norma para blindar el derecho a la salud. Asimismo, las entidades piden la creación de un mecanismo permanente de evaluación de la aplicación de esta norma de modo que se eviten y corrijan prácticas de exclusión sanitaria en los distintos sistemas sanitarios autonómicos. El hecho de que el Congreso haya decidido tramitar el RDL como proyecto de ley es una oportunidad para mejorar una norma que en su redacción actual queda lejos del pretendido fin de universalizar la atención sanitaria. El necesario periodo de tramitación no puede suponer la inacción del gobierno y de las CCAA para aplicar RDL y evitar la desprotección a la que se están enfrentando muchas personas.

En ese sentido, las organizaciones recuerdan que todavía se están viviendo situaciones de exclusión en el acceso a la salud, tal y como habían advertido, como consecuencia de que la norma se puede interpretar de manera restrictiva, limitando ese acceso a las personas migrantes en situación irregular. Por ejemplo, y en relación con el requisito de tres meses de estancia en España: a pesar de que está destinado solo a personas con estancia temporal autorizada, podría dar lugar a interpretar que todas las personas necesitan tres meses de estancia en España antes de acceder a la atención sanitaria.

Fallos, ambigüedades y obstáculos

El RDL tampoco armoniza el procedimiento ni los requisitos para poder obtener la tarjeta sanitaria por parte de las CCAA y en consecuencia, cada Comunidad Autónoma está interpretando de manera diferente esta nueva norma, manteniendo las respuestas dispares que estas adoptaron con respecto al anterior RDL 16/2012. Las organizaciones alertan además de que no se han especificado en la ley las personas en situación de mayor vulnerabilidad que recibirán atención en cualquier circunstancia (mujeres embarazadas, menores de 18 años, víctimas de trata, personas solicitantes de protección internacional y personas que requieran atención de urgencias). La consecuencia de esto es que en algunas CCAA se han dado casos de exigencia de pago por atención sanitaria, por ejemplo, a menores de edad y mujeres embarazadas. Además, hay algunas autonomías que siguen exigiendo el empadronamiento como requisito, cuando el nuevo decreto no lo pide. Y el resultado es que se producen violaciones del derecho a la salud.

“No debemos olvidar que venimos de una situación regresiva, ya que el anterior Real Decreto Ley dejó sin tarjeta sanitaria a más de 750.000 personas. Si la finalidad del gobierno es conseguir que ninguna persona quede excluida de un derecho como es el acceso a la salud, éste debe estar blindado”, ha declarado Marta Mendiola, responsable del trabajo sobre Derechos Económicos Sociales y Culturales en Amnistía Internacional España.

“Barreras administrativas, ambigüedad en la ley que puede dar lugar a interpretar de manera restrictiva la norma, falta de armonía en los procedimientos y requisitos para obtener la tarjeta sanitaria: cualquier obstáculo que presente esta norma debe ser abordado en la reunión del Consejo Interterritorial”, ha añadido añadido Eva Aguilera, responsable de Incidencia Política en Médicos del Mundo.

Algunos requisitos administrativos son especialmente preocupantes como los que se exigen a personas migrantes en situación irregular que pueden encontrarse con dificultades para obtener determinados documentos. Las organizaciones denuncian que se pida a algunas personas que regresen a sus países de origen para conseguir esa documentación, algo obviamente inviable, especialmente para aquellas con menos recursos económicos.

La exclusión también persiste para las personas que obtuvieron su permiso de residencia por ser padres y madres de ciudadanos comunitarios, y que siguen sin recibir la tarjeta sanitaria porque el gobierno, a pesar de múltiples sentencias en contra, se niega a ordenar al Instituto Nacional de la Seguridad Social que cumpla la normativa y les facilite la cobertura sanitaria”, denuncia Yo Sí Sanidad Universal.

Más información

El nuevo gobierno de Pedro Sánchez publicó el pasado 30 de julio en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto Ley 7/2018, que se adoptó con el fin de revertir la situación creada por el Real Decreto Ley 16/2012, una medida regresiva y discriminatoria que dejó sin tarjeta sanitaria a más de 750.000 personas y que limitaba el derecho a la salud de algunos de los colectivos más vulnerables de la sociedad. Más de 12 mecanismos internacionales de protección de derechos humanos habían pedido la reforma del Real Decreto Ley 16/2012 y habían solicitado una evaluación exhaustiva del impacto en materia de derechos humanos de esta norma que ha estado vigente en los últimos años.

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La exclusión sanitaria persiste en España

  • Embarazadas y menores sin atención, cobros en urgencias y personas ancianas sin cobertura, algunos de los casos detectados
  • Madrid, Murcia y Galicia son algunas de las comunidades donde las barreras para conseguir atención sanitaria son más persistentes.
  • El informe “No dejar a nadie atrás” recoge las situaciones detectadas en los últimos tres meses.

Madrid, 25 de octubre de 2018.- El esperanzador retorno a la cobertura sanitaria universal aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez en julio pasado está en punto muerto. Cada comunidad autónoma sigue aplicando la ley de manera distinta y eso da lugar a diferencias significativas entre ellas. Por eso, las organizaciones agrupadas en REDER piden al Ejecutivo que su celebrada medida para asegurar que todas las personas que viven en España tengan acceso a la sanidad se haga realidad en todos los centros de salud y hospitales de nuestro país.

 

Madrid y Murcia son dos de las comunidades en las que más dificultades para conseguir atención se han registrado en el último trimestre. En Galicia, aunque se ha rebajado la exigencia de empadronamiento de 6 a 3 meses, se siguen poniendo todo tipo de barreras a las personas migrantes que no tienen la documentación en regla, incluso derivándoles a la sanidad privada. Unas situaciones que se producen como consecuencia de una interpretación restrictiva del nuevo RDL.

Aunque la aprobación y posterior convalidación en el Congreso del Real Decreto Ley 7/2018 fue un paso muy positivo, la nueva ley no armoniza el procedimiento ni los requisitos para poder obtener la tarjeta sanitaria. Tampoco asegura la asistencia a menores de edad, mujeres embarazadas y otros grupos de población especialmente vulnerables, o la atención en urgencias. Aclarar estas y otras situaciones exige la aprobación por parte del Ejecutivo del Reglamento que desarrolle el RDL 7/2018.    

El retraso en hacerlo ha provocado cinco problemas fundamentales:

  1. La existencia de 17 coberturas sanitarias distintas, una por cada comunidad autónoma. Cada una de ellas exige además distintos requisitos de acceso.
  1. La barrera del empadronamiento: la mayoría de las CCAA exigen hoy en día 3 meses de empadronamiento para poder acceder al sistema sanitario público, cuando ese requisito no figura en la ley. Esta es una cuestión a menudo insalvable, agravada en lugares como Melilla, donde el acceso al padrón está condicionado a que la persona se encuentre ya regularizada.
  1. La ley no especifica que los colectivos más vulnerables recibirán atención en cualquier circunstancia. Hablamos de embarazadas, menores de 18 años, víctimas de trata, solicitantes de asilo y personas que requieran atención en urgencias. Al no explicitar esta garantía, algunas comunidades autónomas están pidiendo pagos por atención sanitaria a menores de edad y embarazadas, amparándose en una interpretación restrictiva de la norma.
  1. Los requisitos administrativos que se exigen para acceder al sistema público de salud son a menudo imposibles de cumplir. Incluso se pide a algunas personas que regresen a sus países de origen para conseguir esa documentación, algo obviamente inviable.
  1. Las personas ascendientes reagrupadas -madres y padres de migrantes regularizados que han llegado a España a través de un proceso perfectamente legal- siguen sin recibir la tarjeta sanitaria. Se encuentran en un círculo vicioso, porque ni consiguen atención pública ni privada, puesto que por su edad y sus enfermedades crónicas ningún seguro les cubre. A pesar de que la Justicia ha dado la razón a las familias afectadas, la exclusión persiste.

Con esta información, es evidente que el Gobierno no puede aplazar más la adopción del Reglamento que armonice la aplicación del RDL en todo el territorio, garantizando el acceso a la atención sanitaria en igualdad de condiciones a todas las personas independientemente de su situación administrativa o su comunidad autónoma de residencia.

 

Puedes leer el informe completo aquí

 

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El principio del fin de la exclusión sanitaria

Las organizaciones integradas en REDER confían en que el Congreso convalide el Real Decreto-Ley 7/2018 sobre acceso universal al Sistema Nacional de Salud y exigen al Gobierno la pronta aprobación de su Reglamento para garantizar la asistencia en igualdad de condiciones a todas las personas que viven en España

 

Madrid, 5 de septiembre de 2018.- Un paso positivo hacia una meta aún distante. Esta es la valoración que hace la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 del nuevo Real Decreto-Ley 7/2018 sobre acceso universal al Sistema Nacional de Salud aprobado por el Consejo de Ministras y Ministros a finales de julio. Ante el anuncio de que mañana 6 de septiembre el Congreso votará la convalidación de esta medida, las organizaciones integrantes de REDER confían en un resultado positivo de dicha votación, pero también recuerdan al Gobierno que aún queda un importante camino por recorrer hasta poner el fin definitivo a la exclusión sanitaria.

Transcurridos seis años desde la imposición de la reforma sanitaria de 2012, las heridas que esta ha dejado en el sistema son aún profundas: enfermedades graves y crónicas desatendidas - sólo desde enero de 2014 REDER ha documentado 68 casos de cáncer, 88 de enfermedades cardiovasculares, 45 de VIH o 116 de diabetes -, inequidad territorial en el acceso a la salud (con diferencias en el acceso a la salud dependiendo de la comunidad autónoma de residencia) o la instauración de discursos falsos (“el sistema no tiene capacidad para atender a todo el mundo”, “las personas migrantes abusan de la sanidad”, etc.) que profundizan la marginación de estos colectivos y alientan actitudes xenófobas. Estos son sólo algunos de los desafíos a los que debe dar respuesta el nuevo marco normativo.

En este sentido, las organizaciones de REDER consideramos plenamente justificada la situación de urgencia que motiva la adopción del Real Decreto-Ley 7/2018 y damos la bienvenida a la intención de garantizar el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria, en las mismas condiciones, a todas las personas que se encuentren en el Estado Español, tal y como se manifiesta en su Exposición de motivos. Asimismo valoramos muy positivamente la eliminación de las figuras de persona asegurada y beneficiaria para recuperar la noción de la salud como un derecho. No obstante no podemos dejar de expresar nuestra preocupación sobre cómo quedan reguladas en el articulado determinadas cuestiones:

  • Las personas extranjeras no autorizadas ven reconocido su derecho a la protección de la salud y a la asistencia sanitaria, pero no son consideradas titulares de dicho derecho, pues esta titularidad queda limitada a aquellas de nacionalidad española y extranjeras con residencia legal. Esta distinción resulta discriminatoria e injustificable desde una perspectiva de derechos humanos.
  • El derecho a la asistencia con cargo a fondos públicos se supedita a que la persona demuestre que no se encuentra en situación de estancia temporal, es decir que lleve más de 90 días en territorio español. Esta exigencia establece una presunción de que por debajo de los tres meses cualquier persona es una turista sanitaria – salvo informe de trabajo social que acredite lo contrario –, lo que supone reincidir en la confusión entre migrante y turista sanitario, tantas veces desmontada.
  • El texto actual no garantiza la asistencia con cargo a fondos públicos en todo caso – y particularmente durante ese periodo de 90 días – a menores, mujeres embarazadas, solicitantes de asilo, víctimas de trata, así como la asistencia de urgencia hasta el alta médica, algo que de no concretarse supondría una regresión respecto a lo previsto al respecto por el RDL 16/2012.
  • Si no se flexibiliza, la exigencia de prueba de no poder “exportar el derecho” desde su país de origen puede terminar resultando una barrera insalvable para muchas personas. Así lo hemos constatado las organizaciones de REDER en relación con determinadas nacionalidades cuyos consulados no emiten dicha documentación, lo que las obliga a desplazarse hasta su país de origen.
  • Nos preocupa que la nueva normativa no de respuesta a una de las exclusiones más sangrantes como es la de las personas mayores – padres, madres, abuelos y abuelas – que han llegado a España fruto de un proceso legal de reagrupación familiar. Conforme a la legislación de extranjería, estas personas deben contar con un seguro médico, algo muy difícil y muy costoso de conseguir para personas de edad avanzada y débil estado de salud. De este modo el INSS les deniega sistemáticamente la tarjeta sanitaria, a pesar de que existen múltiples sentencias judiciales que les reconocen este derecho. La nueva regulación debería reconocérselo de forma inequívoca en las mismas condiciones que cualquier otra residente en España.

Desde REDER creemos que muchas de estas cuestiones son fácilmente subsanables a través del Reglamento que deberá desarrollar este Real Decreto-Ley y concretar los requisitos y procedimientos para acceder a la asistencia sanitaria. Por ello las organizaciones de REDER recomendamos:

  • A los grupos parlamentarios, muy particularmente a aquellos que suscribieron el Pacto Político y Social por un Sistema Nacional de Salud Público y Universal en septiembre de 2017, que voten a favor de convalidar el RDL 7/2018
  • Al Gobierno, que sin mayor dilación proceda a aprobar el Reglamento de desarrollo, dando respuesta a las preocupaciones arriba mencionadas, de modo que ninguna persona que viva en España se quede fuera del sistema sanitario.
  • A los Gobiernos autonómicos y Consejerías de Salud, que en la implementación de esta normativa adopten procedimientos flexibles y garantistas que eviten que la exigencia de determinados requisitos administrativos pueda convertirse en una barrera para que las personas puedan acceder a la atención sanitaria pública.
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La sociedad civil, satisfecha tras su primera reunión con la ministra de Sanidad

Las organizaciones integradas en REDER plantearon sus recomendaciones para que la nueva normativa garantice la cobertura sanitaria en igualdad de condiciones para todas las personas que viven en España

 

MADRID, 22 DE JUNIO DE 2018.  “Esperanzador y muy positivo”. Así califican desde la plataforma REDER -compuesta por más de 300 organizaciones- la reunión que han mantenido esta semana sus representantes con la ministra de Sanidad, junto a otras entidades como Amnistía Internacional, Yo Sí Sanidad Universal o los sindicatos mayoritarios. El objetivo del encuentro era comenzar el proceso de retorno a la sanidad universal en España, empezando así a hacer realidad el anuncio del último Consejo de Ministras y Ministros.

 

Las entidades valoran especialmente que desde el Gobierno se cuente con la sociedad civil en la elaboración y seguimiento de la nueva política sanitaria. La ministra escuchó de manera muy abierta las recomendaciones planteadas y se comprometió a intentar incorporarlas en la nueva normativa.

Muy destacable es también la concepción de la salud como derecho humano fundamental a la que se adhiere la máxima responsable en esta área. De hecho, Carmen Montón anunció estar dispuesta a cambiar “todo lo que haga falta” para garantizar este derecho.

Al contrario de lo que supuso el RDL 16/2012 – impuesto por el Gobierno del PP sin consultar y contra el criterio de la sociedad civil – la elaboración de la nueva política sanitaria ha comenzado contando con la participación de aquellas organizaciones que hemos estado plantando cara a la exclusión sanitaria desde el primer momento y que conocemos de primera mano cuales han sido sus devastadores efectos, gracias a nuestro trabajo directo con personas en situación de vulnerabilidad. También hemos sufrido su consecuencias perversas, en términos de fragmentación del Sistema Nacional de Salud, de la arbitrariedad y discrecionalidad de su aplicación y de las distorsiones generadas tanto dentro del propio sistema de salud como en toda la sociedad. La ministra reconoció y agradeció este papel a las organizaciones presentes.

Desde REDER manifestamos nuestra disposición a continuar colaborando con el Ministerio, a quien ya hemos trasladado nuestras recomendaciones, que se concretan en:

·         Recuperar la noción de la salud como un derecho inalienable de todas las personas, sin distinción de raza, sexo, nacionalidad o situación administrativa. Para ello reclamamos la eliminación de las figuras de asegurado y beneficiario. Desde REDER queremos recordar que si bien las personas en situación irregular fueron las principales víctimas de la injusticia perpetrada en 2012, no han sido las únicas. Colectivos como las familiares ascendientes que llegan a España fruto de un proceso de reagrupación familiar, o personas de nacionalidad comunitaria y bajos recursos han sufrido también los efectos de la exclusión sanitaria y no pueden quedarse fuera de la nueva cobertura sanitaria.

·         El objetivo primordial de la nueva norma debe ser evitar que nadie se quede al margen del sistema. Por tanto, debe garantizarse que ningún requisito administrativo que se exija acabe suponiendo una barrera insalvable para acceder a la asistencia sanitaria.

·         Deben revisarse los copagos introducidos en 2012 así como la exclusión de más de 400 medicamentos de la financiación pública que afecta de forma desproporcionada a las personas más vulnerables.

·         La nueva normativa debe venir acompañada de campañas formativas al personal administrativo y sanitario para una correcta aplicación de la misma. La ministra ha coincidido con esta necesidad, porque “es necesario ganar la batalla de la demagogia”.

·         También son necesarias campañas divulgativas a la sociedad en general, orientadas a mejorar la comprensión de nuestro Sistema Nacional de Salud, sus características y bondades en términos de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad.

 

Garantizar la universalidad del derecho a la atención sanitaria es una medida que cuenta con el apoyo de las comunidades autónomas. De hecho, la mayoría de ellas legislaron para sortear la aplicación del RD16/2012 y atender a la población excluida. También cuenta con el respaldo de la mayoría de los partidos con representación -salvo  PP, Ciudadanos, UPN y Foro Asturias-, que en 2017 firmaron un Pacto, junto con más de 70 organizaciones, para devolver el derecho universal a la atención sanitaria y defender el Sistema Público de Salud.

La exclusión sanitaria ha sido además condenada de forma reiterada por diversos organismos de derechos humanos, por ser contrario a las obligaciones internacionales de España. Así lo ha manifestado recientemente el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas. Por tanto, una vez sea aprobado el nuevo RDL anunciado por el Gobierno, también supondrá la vuelta de España a la legalidad internacional, algo que las organizaciones de REDER consideremos fundamental. 

Por último, no podemos dejar de reivindicar el papel ejercido por la sociedad civil durante estos seis años y sin la cual no se puede entender este momento. Desde profesionales del sector sanitario que ejercieron de forma valiente la objeción de conciencia y siguieron atendiendo a todas las personas sin distinción, a todas las personas y organizaciones que se movilizaron para tejer redes de apoyo y acompañamiento para que nadie se quedara sin asistencia sanitaria. El trabajo incansable de denuncia de la injusticia generada por el RDL 16/2012 – a través de informes, acciones de calle y trabajo con responsables políticos – ha permitido mantener la cuestión en agenda y fortalecer los argumentos sobre los que ahora se sustenta este cambio. A todas ellas nuestro agradecimiento y enhorabuena.

 

MÁS SOBRE REDER

REDER (Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012) es una red de colectivos, movimientos, organizaciones y personas implicadas en la defensa del acceso universal a la salud y la denuncia de su incumplimiento.

REDER se funda en XXX como una respuesta a la reforma sanitaria emprendida por el Gobierno a partir del Real Decreto Ley 16/2012 y el Real Decreto 1192/2012 ha significado el fin de la universalidad de la atención sanitaria en el territorio español. Por ello, REDER defiende la atención sanitaria pública, universal y sin repagos, por lo tanto, está en contra de cualquier tipo de red paralela al Sistema Nacional de Salud.

REDER está coordinado por un Grupo Motor integrado actualmente por ARI-PERU, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Púbica (FADSP), Médicos del Mundo, la Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya (PASUCAT), la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) y la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS). De su mano se han ido sumando otras organizaciones, colectivos y redes 

 

PRENSA

Anna Serrano

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Es la hora de la sanidad universal

La nueva ministra Montón tiene por delante la oportunidad de revertir los devastadores efectos del Real Decreto-Ley 16/2012 

El compromiso con la necesidad de garantizar una sanidad pública y universal, que hasta ahora ha mostrado la nueva ministra de sanidad, Carmen Montón, en su papel como consejera en la Comunidad Valenciana, se añade a las declaraciones realizadas por Pedro Sánchez la semana pasada en el Congreso, en las que afirmaba su intención de “retornar a la sanidad universal y devolver el acceso a la atención sanitaria a todas las personas que viven en nuestro país que fueron excluidas de ella".

En ese sentido, las organizaciones en defensa del derecho a la salud abajo firmantes, quieren instar a la nueva ministra a adoptar sin mayor dilación las medidas legislativas necesarias que devuelvan el derecho a la asistencia sanitaria a todas las personas que viven en España independientemente de su situación administrativa. Asimismo, las organizaciones exigen al nuevo Gobierno que aproveche el resto de legislatura para recapitalizar el SNS garantizando una asignación presupuestaria que fortalezca su carácter público, su calidad y eficiencia.

Las organizaciones firmantes dan la bienvenida a este cambio de enfoque del Ejecutivo que recoge el contenido del Pacto Político y Social por un Sistema Nacional de Salud Público y Universal promovido por más de 70 organizaciones sociales, profesionales y sindicales y firmado el pasado mes de septiembre por todos los partidos de la Cámara Baja a excepción de PP, Ciudadanos, UPN y Foro Asturias.

Seis años de devastadores efectos del RDL 16/2012

Han transcurrido seis años desde la imposición de la exclusión sanitaria por medio del Real Decreto-Ley 16/2012 que expulsaba del sistema a cientos de miles de personas. Desde entonces la urgencia de revertir esta situación no ha hecho sino aumentar. A las múltiples y persistentes vulneraciones del derecho a la salud consecuencia del RDL (documentadas en los informes de la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 – REDER) se suma la situación creada por las últimas sentencias del Tribunal Constitucional que niega la competencia de las Comunidades Autónomas para otorgar acceso al SNS a las personas excluidas por el RDL, contraviniendo así la obligación de todos los poderes públicos de velar por el cumplimiento de los derechos humanos.

La exclusión sanitaria es una medida discriminatoria que se ensaña con las personas más vulnerables y constituye por ello un incumplimiento de las obligaciones internacionales de España en materia de derechos humanos, tal y como ha concluido recientemente el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas que se suma a una larga lista de mecanismos internacionales que han exigido a España la reforma del RDL.

Además, según han denunciado las distintas organizaciones, la adopción del RDL no se sostiene tampoco desde una perspectiva de eficiencia del sistema, pues según demuestran diversos estudios, el uso que las personas migrantes hacen del sistema sanitario es sensiblemente inferior al de las nacionales. Igualmente, un sistema basado en la prevención a través de una atención primaria universal es menos costoso para las arcas públicas que aquel que limita la atención a las urgencias y acaba derivando en hospitalizaciones que podían haber sido prevenidas.

Por último, no se puede obviar que el RDL forma parte del marco de las políticas de austeridad que han supuesto un importante debilitamiento del sistema público de salud. Así, la importante caída del presupuesto público de sanidad, las reducciones de plantilla o la ampliación del sistema de copagos han minado sensiblemente la calidad de nuestro SNS y su papel fundamental como pilar del Estado Social. Así se desprende de los informes de las Organizaciones Sindicales, CCOO y UGT, como en los recientes de Amnistía Internacional y la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública.

Un nuevo contexto

Tras las últimas elecciones generales de 2016, el Congreso quedó configurado por una mayoría de partidos políticos que recogían en sus respectivos programas la promesa de poner fin a la exclusión sanitaria de las personas migrantes en situación irregular. No obstante, la continuidad del Ejecutivo del Partido Popular puso freno a esta aspiración mayoritaria. Así, la prerrogativa de veto a iniciativas parlamentarias que la Constitución atribuye al Gobierno en su artículo 134.6 fue usado por este para impedir cualquier intento de modificar la reforma sanitaria de 2012. A pesar de ello, todos estos partidos reafirmaron su compromiso con la universalidad el pasado mes de septiembre. Ahora, estos mismos partidos han respaldado la investidura de Pedro Sánchez abriendo la puerta a un nuevo contexto político. Las organizaciones firmantes confían en que tanto el nuevo Gobierno como los grupos parlamentarios de aquellos partidos que suscribieron el Pacto Político y Social colaboren para devolver la dignidad a nuestro sistema sanitario. Es la hora de la sanidad universal.

ORGANIZACIONES FIRMANTES:

Adhara-Sevilla

Amnistía Internacional

ANESVAD

Apoyo Positivo

ARI-PERU

Asociación Camino de Fe y Esperanza

Asociación "El Pueblo que queremos"

Asociación de Enfermería Comunitaria

Asociación de Usuarios de la Sanidad de la Región de Murcia

Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía

Asociación Sociocultural Entre Mares

Associació Salut i Família

CALCSICOVA

Centro Internacional de Servicios para Inmigrantes (CIS)

Comisiones Obreras (CCOO)

Comité 1r de desembre

Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos

Coordinadora Estatal de VIH y sida (CESIDA)

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP)

Federación estatal de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales (FELGTB)

Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE)

Foro Galego de Inmigración

Fundación BACHUE

Grupo de Educadores de Calle y Trabajo con Menores (GREC)

Médicos del Mundo

Medicusmundi

Observatorio del Derecho Universal a la Salud de la Comunitat Valenciana (ODUSALUD)

Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya (PASUCAT)

Plataforma Ciudadanía contra la exclusión sanitaria

Red Acoge

Red de Denuncia y Resistencia contra el RDL 16/2012 (REDER)

Red Transnacional de Mujeres

Salud por Derecho

Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC)

Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG)

Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS)

Trabajando en Positivo

Unión General de Trabajadores (UGT)

Unión Sindical Obrera (USO)

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La mortalidad entre sin papeles sube un 15% desde la reforma sanitaria

La mortalidad entre la población sin papeles aumentó una media de un 15% entre 2012 y 2015, los tres años posteriores a la aplicación de la ley sobre la reforma sanitaria implementada en España en septiembre de 2012 a través del Real Decreto 16/2012, que deja sin cobertura a personas en situación administrativa irregular. Así lo afirma una reciente investigación, la primera de este tipo, del Instituto de Economía de Barcelona y la Universidad Pompeu Fabra. Se titula The deadly effects of losing health insurance (Los efectos letales de perder la cobertura sanitaria) y ha sido presentada el 13 de abril en la Escuela Nacional de Sanidad de Madrid.

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La Comisión Europea Contra el Racismo y la Intolerancia reprende al Gobierno español por la exclusión sanitaria

En marzo de 2017, una delegación de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia visitó España reuniéndose con diversos representantes gubernamentales y de la Sociedad Civil para determinar el grado de cumplimiento del Estado Español con los Derechos Humanos de las minorías.

Ahora, casi un año después la Comisión ha publicado sus conclusiones y recomendaciones. En ellas condena al Gobierno español por la regresión de derechos que supuso el Real Decreto-Ley 16/2012 al eliminar el derecho a la tarjeta sanitaria de las personas en situación administrativa irregular. Asimismo, recomienda al Gobierno la elaboración de un informe de impacto que dichas medidas han tenido sobre la población excluida - una petición largamente demandada por la sociedad civil - y le exige la pronta adopción de medidas que garanticen el derecho a la salud de todas las personas migrantes.

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El TC declara nula la ley navarra que reconoce el derecho a asistencia sanitaria gratuita

El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional y nula la Ley Foral 8/2013, de 25 de febrero, por la que se reconoce a los residentes en Navarra el derecho de acceso a la asistencia sanitaria gratuita del sistema público sanitario navarro, al considerarla "incompatible" con la regulación estatal.

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Odusalud denuncia la última sentencia del TC que anula la asistencia sanitaria universal en la Comunidad Valenciana

Las 89 entidades que componemos el Observatorio por el Derecho Universal a la Salud ODUSALUD rechazan la sentencia del Tribunal Constitucional que contraviene uno de los derechos humanos fundamentales como es el derecho a la salud (Declaración Universal de Derechos Humanos Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III)).

Asimismo, denunciamos que dicha sentencia vuelve a poner en riesgo la salud de miles de personas desoyendo, además, las medidas básicas de salud pública. En este sentido, ODUSALUD opina que en esta sentencia, el Tribunal Constitucional se autocontradice con la sentencia provisional de marzo de 2016 en la que dictó que “el derecho a la salud y la conveniencia de evitar riesgos para la salud del conjunto de la sociedad no podía verse desvirtuado por un eventual ahorro económico que no ha podido ser concretado”.

Del mismo modo, cuando anula la normativa sobre copago y prestaciones ortoprotésicas, la Sentencia restringe derechos de colectivos más desfavorecidos como los pensionistas o personas que no han podido llegar a cotizar, independientemente de su origen o procedencia.


En el ámbito político, la sentencia restringe a las Comunidades Autónomas (CCAA) el desarrollo de sus competencias impidiendo que puedan aplicar unos estándares básicos de salud a quienes viven en ellas y refleja la falta de independencia del TC respecto al poder ejecutivo. Además, sanciona a las CCAA que han protegido el derecho a la salud de todas las personas.

ODUSALUD declara que la priorización del Real Decreto 16/2012 no es garantía de un ahorro económico para las administraciones públicas, ya que en ningún caso ha sido evaluado y demostrado públicamente. En cambio, si puede afirmar que su aplicación supuso la exclusión sanitaria de un total de 1.338 personas (según 11º Informe ODUSALUD), generando un sufrimiento innecesario y gratuito en las personas más vulnerables en Comunidad Valenciana.

Odusalud insta a los partidos políticos que firmaron el pasado 12 de septiembre un Pacto en el que se comprometían a proponer las medidas legislativas necesarias para garantizar el acceso a la sanidad pública a todas las personas que viven en España, a que se involucren en el rechazo del RD 16/2012.

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El Tribunal Constitucional profundiza la exclusión sanitaria y limita la capacidad de las comunidades autónomas para prestar asistencia sanitaria universal

 

  • El Tribunal Constitucional anula la normativa vasca que garantizaba el acceso a la atención sanitaria a las personas excluidas por el Real Decreto Ley 16/2012, en particular las personas inmigrantes en situación administrativa irregular.
  • La Sentencia dista de ser unánime, como muestran los cinco votos disidentes de un total de 12 jueces.
  • Varias organizaciones denuncian que la Sentencia 134/2017 contraviene “obligaciones fundamentales de derechos humanos, es regresiva, discriminatoria y pone en riesgo la vida de las personas excluidas del sistema sanitario por la reforma de 2012”.

 

 

Madrid/ Nueva York, 14/11/2017.  Amnistía Internacional, el Centro por los Derechos Económicos y Sociales (CESR), Médicos del Mundo, Red Acoge, la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 (REDER) y semFYC denuncian que la Sentencia 134/2017 del Tribunal Constitucional contraviene obligaciones fundamentales de derechos humanos, es regresiva, discriminatoria y pone en riesgo la vida de las personas excluidas del sistema sanitario por el Real Decreto-Ley 16/2012.

La reciente sentencia pone en riesgo la salud de miles de personas que viven en Euskadi y en las Comunidades Autónomas (CCAA) que han adoptado normas orientadas a proteger la universalidad del sistema sanitario que han sido recurridas por el Gobierno central.  Esta sentencia anula varias disposiciones de la normativa vasca que garantizaba la atención sanitaria, con cargo a fondos públicos autonómicos, a las personas excluidas por el Real Decreto-Ley, principalmente personas inmigrantes en situación irregular.

Restricción de las competencias autonómicas para otorgar asistencia sanitaria por encima de los mínimos establecidos por el RDL 16/2012

La sentencia establece que las normas autonómicas no pueden ampliar el universo de personas que reciben asistencia sanitaria por encima de los límites determinados por el RDL 16/2012 aún cuando éstas asuman el costo de estas mejoras y sin poner en riesgo los términos mínimos establecidos por el Estado para el ámbito estatal. Al restringir esa posibilidad por parte de las CCAA, el Tribunal Constitucional (TC) corta la línea vital que ha permitido a las personas migrantes en situación administrativa irregular recibir servicios de salud. Para las organizaciones firmantes, el impedir que las CCAA puedan ir más allá de un mínimo de protección básico a nivel estatal atenta contra el deber del Estado español de adoptar medidas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr de forma progresiva la plena efectividad de los derechos sociales, tal como lo dispone el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) ratificado por España.

De este modo, la sentencia desoye las obligaciones en materia de derechos humanos, ignora el derecho internacional e impone una camisa de fuerza que impedirá que las CCAA adopten normativa que amplíe el ámbito de protección de los derechos sociales en ejercicio legítimo de sus competencias.

Asimismo, las organizaciones lamentan que el TC haya abandonado la doctrina que había asumido en su auto 239/2012 sobre esta misma causa, en el que afirma que “el derecho a la salud y la conveniencia de evitar riesgos para la salud del conjunto de la sociedad no podía verse desvirtuado por un eventual ahorro económico que no ha podido ser concretado”.  Sobre la base de este argumento, el TC permitió que Euskadi siguiese garantizando la atención sanitaria a personas migrantes, hasta que se adoptase esta sentencia.

Las organizaciones destacan que la sentencia dista de ser unánime, como demuestran los cinco votos disidentes de un total de 12 jueces, y presenta interpretaciones controvertidas. Así, tal y como señalan la magistrada y los magistrados disidentes, el Tribunal Constitucional se aparta de su propia jurisprudencia, elaborando una nueva interpretación de lo que es un estándar mínimo aplicable al ámbito estatal en un techo máximo para las Comunidades Autónomas, restringiendo indebidamente, las competencias autonómicas para ampliar el nivel de protección sanitaria en su ámbito territorial. 

Consecuencias “catastróficas” para la vida de las personas excluidas del sistema sanitario

 

Si el TC mantiene esta argumentación en cada uno de los recursos de constitucionalidad pendientes de ser dirimidos por este Tribunal, las consecuencias pueden ser catastróficas para la vida y la salud de las poblaciones excluidas del sistema sanitario.

Tal como sostiene uno de los jueces en su voto disidente, las comunidades autónomas, a través de normativa autonómica o de prácticas administrativas han ido configurando, de modo progresivo, un sistema de prestación asistencial que ha venido a extender el ámbito subjetivo de cobertura a sectores excluidos y vulnerables. En estos cinco años, 14 comunidades han ampliado la cobertura asistencial a personas excluidas por el Real Decreto Ley, mientras que otras han dado órdenes internas de atender a todas las personas que  acudan a los servicios de salud públicos, independientemente de su situación administrativa. Estas medidas, si bien resultan insuficientes para poner fin a la injusticia de la exclusión sanitaria, han permitido paliar algunos de los efectos más dramáticos de la misma, permitiendo a muchas personas recibir una atención que les resulta imprescindible.

Pese a este “cordón sanitario” autonómico, la asistencia sanitaria a las personas excluidas por el Real Decreto Ley distaba de ser adecuada. REDER ha documentado  - entre enero de 2014 y agosto de 2017 - más de 3.784 personas que no han podido acceder a servicios de asistencia sanitaria a pesar de tener derecho a recibir dichos servicios (ya sea dentro del marco del RDL 16/2012 o amparados en las normativas autonómicas). Se trata, en su gran mayoría, de inmigrantes en situación irregular, incluidas 158 mujeres embarazadas, 270 menores de edad y 364 casos de denegación de atención o facturación indebida de urgencias.  Varios de estos casos se han podido resolver gracias a que la mayoría de las autonomías, bien sea por iniciativa propia o como resultado de la ardua labor de denuncia de organizaciones de la sociedad civil, han otorgado protección sanitaria a las personas excluidas.

La urgencia de restablecer el sistema de sanidad universal en España

La sentencia 134/17 sella la tendencia regresiva de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el derecho a la salud en España, profundiza la exclusión sanitaria contra los grupos más vulnerables de la sociedad y pone en riesgo la vida de estas personas. 

Frente a este escenario, las organizaciones firmantes redoblarán sus esfuerzos ante las instancias internacionales pertinentes para evidenciar y paliar los impactos del RDL 16/2012, y de esta sentencia en particular. En este sentido, estas organizaciones recuerdan que la mayoría de los partidos políticos del arco parlamentario firmaron el pasado 12 de septiembre un Pacto en el que se comprometían a proponer  las medidas legislativas necesarias para garantizar el acceso a la sanidad pública sin restricciones a todas las personas que viven en España. Tras la sentencia del TC la puesta en marcha de estas medidas es más urgente que nunca.  

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